Juan José, un adolescente inmigrante Latinoamericano, prisionero en un centro de detención del Servicio de Inmigración en Houston, lloraba mientras nos contaba su historia.]
Por toda su vida, el había cumplido la promesa que le había hecho a su madre de decir tres Ave Marías cada noche por la pureza, todo para perder su virginidad por un criminal de 49 años en el mismo centro de detención.
La población en los centros de detención de la Inmigración está compuesta de criminales y no criminales, aquellos detenidos por el pecado de tratar de buscar una mejor vida y los que conforman una minoría de aquellos que han cometido crímenes.
Cárceles y prisiones por todo el país están llenas de inmigrantes y refugiados.
Manuel vive en la Casa Juan Diego. Su hijo, de dieciocho años, ha estado en la cárcel del Condado de Angleton por meses. Esperamos que no se quede ahí permanentemente. Su crimen; el haber nacido en la parte equivocada del río.
Muchos inmigrantes se quedan en las cárceles sin representación legal. Sencillamente no hay quien los represente, o si hay abogados disponibles, es muy difícil, sino imposible, el comunicarse con ellos.
Un nuevo informe de Vigilancia de los Derechos Humanos (Human Rights Watch, Septiembre 1998) llamado Encerrados: Inmigrantes detenidos en cárceles de los Estados Unidos (Locked Away: Inmigration Detainees in Jails in the United States), documenta la magnitud del problema. En un caso, Emanuel Obajuluwa, un Nigeriano no representado que buscaba asilo y que estaba detenido en la cárcel del Condado de Dallas, le dijo a la Vigilancia de Derechos Humanos que una de la organizaciones de asistencia de la lista que la INS les había proveído no aceptaría sus llamadas por cobrar, de manera que la única forma de comunicarse con las organizaciones para poder encontrar un abogado era escribir una carta. Pero, él indicó que no tenía sobres ni estampillas para escribir una carta pues la cárcel solo lo proveía con dos hojas de papel y un sobre una o dos veces al mes.
Aunque los informes de los derechos humanos se le fueron dados a Obajuluwa, el papel para escribir y los sobres que él necesitaba para escribir las cartas en busca de un abogado fueron confiscadas por la cárcel.
Transferencias frecuentes a otras cárceles impiden seriamente mantener el contacto de los detenidos y sus abogados. Los abogados no son notificados de las transferencias. Por ejemplo Abadllah Ali Mohammed, un Somalí en busca de asilo, encontró consejo legal después de 17 meses de detención en las instalaciones Krone del INS en Miami. Luego fue transferido a la cárcel de Braedon, Condado de Manatee, en Florida a más de 8 horas de distancia. Mohammed llamó por cobrar a la Vigilancia de los Derechos Humanos por que los teléfonos del Condado de Manatee no les daban llamadas libres para llamar a su abogado, pues el temía que no supiera que lo habían transferido.
En Louisiana abogados y estudiantes de leyes representando a inmigrantes en cárceles locales que contiene detenidos del INS han encontrado muchas dificultades para obtener acceso a los detenidos. A la abogada Carol Kolnichak se le rehusó la entrada a la prisión de Orleans en 1996 cuando traté de visitar a su cliente junto con representantes de Amnistía Internacional. Más tarde ese mismo día, cuando la señora Kolnichak regresó a entrevistar a su cliente sola, ella fue totalmente rechazada.
Muchas situaciones difíciles llegan a la atención de la Casa Juan Diego como resultado de la ley de 1996 que hizo posible deportar a residentes permanentes legales por un numero variado de crímenes, ambos delitos de menor cuantía, y felonías. Gente que ha vivido en los Estados Unidos por 20, 30, 40 ó mas años y que las han multado con papeletas de trafico que no han podido pagar son deportadas. La ley estipula que dos crímenes de torpeza moral justifican una deportación. Desafortunadamente, se le deja al INS determinar la definición de torpeza moral. Uno de los crímenes puede ser el de robar en las tiendas. Puede ser cuando un inmigrante recién llegado que no ha comido por tres días roba una hogaza de pan. Antes de la implantación completa de que esta ley tuviera lugar, el 9 de Octubre de 1998, todos los centros de detención del INS y de las cárceles contratadas ya estaban llenas.
Un residente legal en Houston que había vivido en los Estados Unidos casi toda su vida. Después de haber llevado una vida ejemplar está ahora en los procedimientos de deportación por un crimen de robo que él cometió cuando tenia 17 años y por el que ya había pagado su deuda a la sociedad. Aunque ha sido un residente respetable por 43 años no le es permitido vivir en este país. Ya no conoce a nadie en su país y no tiene ninguna forma de ganarse el sustento ahí.
Una persona que ha sido deportada y regresa a los Estados Unidos puede ser enviada a la prisión federal por diez años. Esta persona pasará muchos más años en la cárcel de lo que hizo por su crimen original..
Hacer Dinero
Están brotando compañías que administran las cárceles y prisiones – muchas de ellas llenas de inmigrantes.
Todas las mujeres inmigrantes detenidas en el área de Houston son enviadas a la cárcel del ondado de Liberty, donde debido a la distancia es muy difícil para ellas obtener representación. Muchas de las mujeres detenidas tienen niños en casa. La cárcel del Condado de Liberty (Texas) es una empresa para hacer ganancias y es manejada por la Corporación de Correcciones de América, recibe $52.50 al día por cada detenido del INS (pero solo cobra $25.00 por un prisionero del condado). La Vigilancia de los Derechos Humanos cita a la cárcel del Condado de Liberty como una que trata a los inmigrantes y detenidos en forma inhumana. (p. 49)
Juan José, él de la historia al inicio de este artículo, clamaba, “Yo vine a este país para ayudar a mi familia y tener una mejor vida. Si no quieren que me quede, ¿por que no me dejan regresar a casa?
Trabajador Católico de Houston, Vol. XVIII, No. 7, diciembre 1998.
