Extractos del documento publicado en al Vaticano el 13 de enero 1998:
Presentacion
El presente documento se propone solicitar, a todos los niveles, una fuerte toma de conciencia de los dramáticos problemas humanos, sociales y éticos, que desencadena el fenómeno de la concentración y de la apropiación indebida de la tierra.
Se trata de problemas que golpean en su dignidad a millones de seres humanos y privan de una perspectiva de paz a nuestro mundo.
De frente a situaciones marcadas por tanta e inaceptable injusticia, el Pontificio Consejo Justicia y Paz ha pensado ofrecer este documento para la reflexión y la orientación, haciéndose intérprete de una doble solicitud, aquella proveniente de los pobres y aquella proveniente de los pastores: pronunciar, con evangélica franqueza, una palabra sobre las situaciones escandalosas, presentes en casi todos los continentes, respecto a la propiedad y el uso de la tierra.
El Pontificio Consejo, sirviéndose del rico patrimonio de sabiduría acumulada en la doctrina social de la Iglesia, ha considerado suyo el improrrogable deber de llamar la atención de todos, especialmente de los responsables políticos y económicos, a emprender apropiadas reformas en el campo agrario para iniciar una estación de crecimiento y de desarrollo.
No se debe dejar trascurrir el tiempo en vano. El Grande Jubileo del 2000, proclamado por el Santo Padre Juan Pablo II para conmemorar el Unico Salvador Jesucristo, es una llamada alta y comprometedora a una conversión, también en el plano social y político, que restablezca el derecho de los pobres y de los excluídos a gozar de la tierra y de sus bienes que el Señor ha dado a todos y a cada uno de sus hijos e hijas.
Problemas vinculados con la concentración de la propiedad de la tierra
La estructura agrícola de los países en vías de desarrollo se caracteriza a menudo por una distribución de tipo dual. Un pequeño número de latifundistas posee la mayoría de las tierras cultivables mientras que una multitud de pequeñísimos propietarios, de arrendatarios y de colonos cultivan el resto de las tierras que a menudo son de peor calidad. El latifundio es característico hoy en día del régimen de la tierra de casi todos estos países.
El proceso de concentración de la propiedad de la tierra tiene orígenes históricos diferentes, que varían de una región a otra. Hay que decir, por el gran interés que tiene para nuestra reflexión, que en las áreas que fueron sometidas a la dominación colonial, la concentración de las tierras en grandes fundos se ha difundido sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, mediante la progresiva apropiación privada de la tierra, secundada por leyes que han introducido graves distorciones en el mercado de las tierras.
La apropiación privada de la tierra no ha conllevado solamente la creación y al consolidación de los latifundios sino también la pulverización de las pequeñas propiedades.
La industrialización a expensas de la agricultura
Para modernizar de forma rápida las economías nacionales, muchos países en vías de desarrollo se han basado sobre todo en la convicción, a menudo no justificada, de que la industrialización rápida puede mejorar el bienestar económico general aunque tenga lugar a expensas de la agricultura.
Estos países han tomado, por lo tanto, medidas de protección de las producciones industriales internas y de manipulación de los tipos de cambio de las monedas nacionales en desventaja de la agricultura: medidas de sostenimiento del poder adquisitivo de las poblaciones urbanas basadas en el control de los precios de los productos alimenticios; o bien otras medidas que, al alterar el mecanismo de distribución de los mercados, han conllevado un empeoramiento de las condiciones de cambio de la producción agrícola con respecto a la producción industrial.
La consiguiente caída de las rentas agrícolas ha afectado duramente a los pequeños productores hasta el punto que muchos de ellos han abandonado la agricultura. Todo esto ha favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra.
Las exportaciones agrícolas
En muchos países en vías de desarrollo, también las modalidades con las que las políticas agrícolas se han encargado de la exportación de los productos agrícolas han favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos.
Para algunos productos se han adoptado políticas de control de los precios que aventajan a las grandes empresas agro-industriales y a los cultivadores de productos de exportación, y desgraciadamente han penalizado a los pequeños cultivadores de productos tradicionales.
Otras medidas han hecho que todas las infraestructuras y todos los servicios se hicieran en base a los intereses de los latifundistas. En otros casos, las políticas fiscales sobre la agricultura han incrementado los beneficios de ciertos grupos de propietarios (las personas físicas o de las sociedades de capitales) y han consentido una amortización, en tiempos relativamente reducidos, de las inversiones, sin prever impuestos progresivos y consintiendo por otra parte una fácil evasión fiscal. Ha habido además políticas de concesión de crédito a la agricultura que han falseado las relaciones de precio entre el capital tierra y el trabajo.
Violencia y complicidades
La historia reciente de muchas áreas rurales está frecuentemente marcada por conflictos, por injusticias sociales y por varias formas de violencia no controlada.
La élite terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos mineros y madereros no han tenido reparos en muchas ocasiones en instaurar un clima de terror para calmar las protestas de los trabajadores, obligados a soportar ritmos de trabajo inhumanos y retribuidos con salarios que a menudo no cubren los gastos de viaje, las comidas y el alojamiento. Se ha instaurado este clima también para ganar los conflictos con los pequeños agricultores que llevan mucho tiempo cultivando tierras de propiedad del estado o bien otras tierras o para apoderarse de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas.
En estas luchas se utilizan métodos intimidatorios, se efectúan detenciones ilegales y, en algunos casos extremos, se reclutan grupos armados para destruir los bienes y las cosechas, para quitar poder a los líderes de las comunidades, para deshacerse de algunas personas, incluídos los que defienden a los más débiles, entre los cuales también hay que recordar a muchos responsables de la Iglesia.
A menudo los representantes de los poderes públicos son cómplices de estas violencias. La impunidad de los ejecutores y de los mandantes de los crímenes está garantizada por las deficiencias del sistema jurídico y por la indiferencia de muchos Estados por los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Nudos institucionales y estructurales que se deben resolver
Los países en vías de desarrollo pueden contrarrestar eficazmente el proceso actual de concentración de la propiedad de la tierra si hacen frente a algunas situaciones que se presentan como auténticos nudos estructurales. Estas son: las carencias y los retrasos a nivel legislativo sobre el tema del reconocimiento del título de propiedad de la tierra y sobre el mercado del crédito; la falta de interés por la investigación y por la capacitación agrícola; la negligencia por los servicios sociales y por la creación de infraestructuras en las áreas rurales.
Condena del latifundio
La doctrina social de la Iglesia, basándose en el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, analiza las modalidades de aplicación del derecho de propiedad de la tierra como espacio cultivable y condena el latifundio como intrínsecamente ilegítimo.
Las grandes posesiones rurales están mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular sobre ellas, mientras que se debería incrementar la producción agrícola para responder a la creciente demanda de alimentos de la mayoría de la población, sin tierras o con parcelas demasiado pequeñas.
Para la doctrina social de la Iglesia, el latifundio está en neto contraste con el principio de que la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos, de modo que no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario.
El latifundio, de hecho, niega a una multitud de personas el derecho de participar con el propio trabajo al proceso de producción y de responder a sus necesidades y a las de sus familias al igual que a las de su comunidad y nación de la que forman parte.
Los privilegios asegurados por el latifundio provocan contrastes escandalosos y conllevan situaciones de dependencia y de opresión tanto a nivel nacional como internacional.
La enseñanza social de la Iglesia denuncia también las injusticias intolerables provocadas por las formas de apropiación indebida de la tierra por parte de propietarios o empresas nacionales e internacionales, en algunos casos apoyadas por instituciones del Estado, que, pisotean todo derecho adquirido y, a menudo, incluso los títulos legales mismos de posesión del suelo, despojando a los pequeños agricultores y a los pueblos indígenas de sus tierras.
Se trata de formas de apropiación muy graves, porque, además de incrementar las desigualdes en la distribución de los bienes de la tierra, por lo general, conllevan una distribución de una parte de estos bienes, empobreciendo así a toda la humanidad. Estas crean formas de explotación de la tierra que quebrantan los equilibrios construidos durante siglos entre el hombre y el medio ambiente y causan un gran deterioro medio ambiental.
A la condena del latifundio y de la apropiación indebida, contrarios al principio del destino universal de los bienes, la doctrina social añade la condena de las formas de explotación del trabajo, sobre todo cuando éste es remunerado con salarios o bien con otras modalidades indignas del hombre.
Reforma agraria: indicaciones para un recorrido posible
A menudo ocurre que las políticas que pretenden promover una utilización correcta del derecho de propiedad privada de la tierra no consiguen impedir que ésta se siga poniendo en práctica, en amplias áreas del mundo, como un derecho absoluto, sin ninguna limitación proveniente de las correspondientes obligaciones sociales.
Sobre este tema la doctrina social de la Iglesia es muy explícita e indica que la reforma agraria es una de las reformas más urgentes y que se debe emprender sin demora: En muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura–y a los campesinos-el justo valor como base de una sana economía, en el conjunto del desarrollo de la comunidad social.
Promover la difusión de la propiedad privada
La doctrina social de la Iglesia ve en la reforma agraria un instrumento adecuado para difundir la propiedad privada de la tierra en el caso en el que los poderes públicos actúen siguiendo tres líneas de acción diferentes pero com-plementarias:
a) a nivel jurídico, para que haya leyes justas que mantengan y tutelen la efectiva difusión de la propiedad privada;
b) a nivel de políticas económicas, para facilitar el acceso a la propiedad privada de los siguientes bienes: bienes de consumo duradero; vivienda; pequeña propiedad agraria; utillaje necesario para la empresa artesana y para la empresa agrícola familiar; acciones de empresas grandes o medianas.
c) A nivel de políticas fiscales y tributarias, para asegurar la continuidad de la propiedad de los bienes en el ámbito de la familia.
Facilitar el desarrollo de la empresa agrícola familiar
Condenando el latifundio, porque es la expresión de un uso socialmente irresponsable del derecho de propiedad y porque es un grave obstáculo para la movilidad social, y condenando también la propiedad estatal de la tierra, porque conlleva una despersonalización de la sociedad civil, la doctrina social de la Iglesia, consciente de que nadie puede establecer en términos genéricos las líneas fundamentales a que debe ajustarse la empresa agrícola, sugiere que se valore ampliamente la empresa familiar propietaria de la tierra que cultiva directamente.
La dimensión de este tipo de empresa agrícola debería estar en condiciones de proporcionar: unos ingresos adecuados para la familia, la continuidad de la familia en la empresa, el acceso a los créditos agrícolas y la sostenibilidad del medio ambiente rural, todo ello, utilizando de forma apropiada los factores de producción.
Gracias a la eficiencia de su gestión y a la riqueza social que se produce de esta forma, este tipo de empresa proporciona nuevas posibilidades de empleo y de crecimiento humano para todos.
Esta empresa, puede proporcionar una contribución muy positiva no sólo para el desarrollo de una estructura agrícola eficiente, sino también para la realización del principio mismo del destino universal de los bienes.
Respetar la propiedad comunitaria de los pubelos indígenas
El Magisterio social de la Iglesia no considera la propiedad individual como la única form legítima de posesión de la tierra. Este considera también y de forma especial la propiedad comunitaria, que caracteriza la estructura social de numerosos pueblos indígenas.
Este tipo de propiedad tiene tantas repercusiones en estos pueblos, a nivel económico, cultural, y político, que constituye un elemento fundamental de su supervivencia y de su bienestar, teniendo además una función igualmente esencial de salvaguardia de los recursos naturales.
La protección y la valoración de la propiedad comunitaria no debe, sin embargo, excluir la consciencia del hecho de que este tipo de propiedad está destinado a evolucionar. Si se actúa sólo para garantizar su conservación se corre el riesgo de vincularla al pasado y, de este modo, de destruirla.
Llevar a cabo una política laboral justa
La tutela de los derechos humanos que provienen de la actividad laboral es otra linea de acción fundamental que la doctrina social de la Iglesia presenta para asegurar una correcta actuación del derecho de propiedad privada de la tierra. Dadas las relaciones que vinculan el trabajo a la propiedad, éste representa un medio de importancia crucial para garantizar el destino universal de los bienes.
Los poderes públicos, tienen pues el deber de intervenir para que estos derechos sean respetados y realizados siguiendo tres lineas de acción:
a) fomentar las condiciones que aseguren el derecho al trabajo;
b) garantizar el derecho a una remuneración del trabajo justa;
c) tutelar y promover el derecho de los trabajadores de formar asociaciones, que tengan como finalidad la defensa de los derechos de los trabajadores. El derecho a asociarse representa, en efecto, la condición indispensable que permite alcanzar un equilibrio en las relaciones de poder de contratación entre los trabajadores y los empresarios y para garantizar, por lo tanto, el desarrollo de un buen diálogo entre las partes sociales.
Realizar un sistema de enseñanza capaz de producir un crecimiento cultural y profesional efectivo de la población
El factor cada vez más decisivo para tener acceso a los bienes de la tierra ya no es, como ocurría en el pasado, la propiedad de la tierra, sino la posesión de los conocimientos que el hombre posee y puede acumular. Juan Pablo II afirma: “Existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber”.
Cuanto mejor conozca el agricultor las capacidades productivas de la tierra y de los demás factores de producción y las diferentes modalidades con las cuales responder a las necesidades de los destinatarios del fruto de su trabajo, más fecundo será su trabajo, sobre todo como instrumento de realización personal, con el que emplea su inteligencia y su libertad.
Es necesario, urgente y prioritario poner en marcha un sistema de enseñanza capaz de ofrecer, en los diferentes niveles escolares, la enseñanza de los conocimientos y el desarrollo de las aptitudes técnicas y cientificas.
La reforma agraria: un instrumento de desarrollo económico y social
En los lugares donde sigue habiendo iniquidad y pobreza, la reforma agraria representa no sólo un instrumento de justicia distributiva y de crecimiento económico, sino también un acto de gran sabiduría política.
Esta es la única respuesta posible y concretamente eficaz, es la respuesta de la ley al problema de la ocupación de las tierras. Esta última, bajo sus formas variadas y complejas, incluso cuando son las condiciones de necesidad extrema las que la provocan, sigue siendo de todos modos una acción que no está conforme a los valores y a las normas de una convivencia verdaderamente civil. El clima de emotividad colectiva generado por la ocupación de las tierras, puede con facilidad conllevar una serie de acciones y de reacciones tan graves que pueden incluso escapar a cualquier control. Las instrumentalizaciones que se dan, a menudo no tienen nada que ver con el problema de la tierra.
La ocupación de las tierras, a menudo manifestación de situaciones intolerables y deplorables a nivel moral, es la señal de alarma que requiere una actuación, a nivel social y político, de medidas eficaces y equitativas. Son, ante todo, los Gobiernos quienes deben intervenir, con su voluntad y determinación, para que se tomen urgentemente esas medidas. El hecho de retrasar y posponer la reforma agraria quita credibilidad a las acciones de los Gobiernos de denuncia y de represión de la ocupación de la tierra.
Una atención particular al papel de la mujer
Las políticas que procuran favorecer el acceso a las tecnologías modernas y a los servicios públicos deben prestar una atención particular al papel crucial que tiene la mujer en la producción agrícola y en la economía alimentaria de los países en vías de desarrollo.
En estos países, aunque haya diferencias entre un lugar y otro, las mujeres son las que desempeñan más de la mitad del trabajo empleado en el sector de la agricultura, además, por lo general, toda la responsabilidad de la producción de alimentos para el sustentamiento de la familia recae sobre ellas.
A pesar de todo, están muy marginadas por formas graves de injusticia económica y social. Los mismos programas de reforma agraria consideran a las mujeres por el trabajo doméstico que desempeñan y no como sujetos productivos. Las leyes privilegian al hombre a la hora de asignar el derecho de propiedad de la tierra. El sistema de enseñanza tiende a anteponer la formación de los chicos a la de las chicas.
Considerando esta realidad y para que los programas de reforma agraria tengan éxito, habría que preocuparse de garantizar a la mujer el derecho a la tierra, la atención de los servicios de asistencia ténica por sus necesidades, una instrucción a nival escolar más amplia y de mayor calidad, un acceso al crédito más fácil, todo esto para mejorar la calidad de su trabajo y para reducir su vulnerabilidad a los cambios tecnológicos, y a los cambios en la economía y la sociedad, para incrementar el número de posibilidades de empleo.
Conclusión
La Iglesia se está preparando al nuevo Milenio mediante una experiencia de conversión que encuentra su centro de inspiración en el Gran Jubileo del Año 2000. Este extraordinario acontecimiento eclesial debe impulsar a todos los cristianos a un serio examen de conciencia sobre su testimonio en el presente y también a una conciencia más viva de los pecados del pasado, de aquel “espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándolo”.
Encarando el emblemático tema de la tradición bíblica del Jubileo, de la redistribución equitativa de la tierra, el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” se propone poner a la vista de todos una de las situaciones más tétricas y dolorosas de la corresponsabilidad, incluso de no pocos cristianos, de las graves formas de injusticia y de marginación social y de la aquiescencia de muchos de ellos frente a la violación de fundamentales derechos humanos.
La aquiescencia del mal, que es una señal preocupante de degeneración espiritual y moral, no sólo para los cristianos, está produciendo, en varios contextos, una desconcertante vacuidad cultural y política, que conlleva la incapacidad de cambiar y renovar. Mientras las relaciones sociales no cambian y la justicia y la solidaridad permanecen ausentes e invisibles, las puertas del futuro se cierran y la suerte de muchos pueblos permanece anclada a un presente cada vez más incierto y precario.
El espíritu del Jubileo nos debe incitar a decir: “¡Basta!” ¡Basta a los numerosos pecados individuales y sociales que provocan situaciones de pobreza y de injusticia dramáticas e intolerables! Llamando la atención sobre el significado peculiar y esencial que tiene la justicia, en el mensaje bíblico, de protección de los más débiles y de tutelo de sus derechos, en cuanto hijos de Dios, de disfrutar de las riquezas de la creación, deseamos vivamente que el año jubilar, al igual que en la experiencia bíblica, sirva también hoy para restablecer la justicia social, a través de la distribución de la propiedad de la tierra marcada por un espíritu de solidaridad en las relaciones sociales.
Trabajador Católico de Houston, Vol. XVIII, No. 4, julio-agosto 1998.
